Arquitectura y política

ginaciones de todo tipo, inclusión de las actividades de estudio y trabajo en la vivienda, etc. Además, han surgido muchas especialidades para arquitectos en nuestra nueva sociedad: expertos en procesos de participación, especialistas en renovación de vivienda; autores experimentados en vivienda sostenible, proyectos urbanos para rehacer los barrios informales y periurbanos que rodean todas las ciudades españolas, etc.

En este fenómeno que abarca toda la sociedad española, la arquitectura tiende a tener un papel muy secundario. Es el último factor, aunque no debería ser el de menor importancia. En este escalofriante baile de cifras no tendría que ser desdeñable el hecho de la calidad de estas viviendas: su buena construcción, orientación y ventilación, que tuvieran una planta flexible y transformable, que favorecieran la diversidad de usos y su perfectibilidad y que potenciasen la igualdad y la desjerarquización, que estuvieran construidas siguiendo criterios de sostenibilidad, y que se consolidase una cultura de conservación y reutilización de los edificios en un país que ha destruido gran parte de su patrimonio residencial anterior a 1940. Es flagrante que la calidad de la vivienda masiva construida y que se construye en España sea mucho menor que la de la mayoría de los países europeos.

En este sentido, una serie de criterios arquitectónicos no serían nada menores, sino que tendrían mucho que ver con la calidad de vida, la equidad y la sostenibilidad: disponer de un espacio exterior propio, que no haya baños privados en suite, sino accesibles para todos los habitantes de la vivienda, que la fachada en cada orientación sea distinta, que haya espacios de guardado. Las cuestiones relacionadas con la desjerarquización no son menores, sino que son trascendentales para promover unos hábitos democráticos. El baño en suite es un escándalo de lujo y desprecio en un mundo en el que 2.600 millones de habitantes del planeta viven sin saneamiento, es decir, 4 de cada 10 personas no tienen acceso a ninguna letrina o inodoro, y cuando disponer de agua potable aún es tan difícil para un sector de la población mundial.155

El problema de la vivienda no puede resolverse con una única solución brillante, sino que debe abordarse desde frentes muy diversos y siguiendo procesos laboriosos: movimientos sociales, cambios en la legislación estatal y autonómica, ayudas económicas, control del precio del suelo y de la vivienda terminada, proyectos arquitectónicos experimentales y modélicos, mejora tecnológica y aplicación de criterios de sostenibilidad, operaciones que apuesten tanto por la obra de nueva planta como por la rehabilitación, flexibilidad en los tipos de tenencia y promoción tanto en la compra como distintas modalidades de alquiler. Actuar sobre una injusticia tan flagrante como los miles de viviendas vacías es imprescindible, pero no suficiente. Resulta clave asegurar una legislación a favor de la tenencia en el alquiler, con control de precios y garantías de continuidad.

Se trata, en definitiva, de potenciar una situación social alternativa a la creada en España en los años de predominio impune de los intereses de los nuevos ricos y de los inversores; una situación retratada en su momento álgido con fina ironía por el escritor Ferran Torrent en sus novelas Sociedad limitada (2002) y Especies protegidas (2003), ambientadas en uno de los lugares de más descarada corrupción inmobiliaria: la costa valenciana. Una nueva situación en la que al arquitecto le corresponde no solo denunciar el problema social, sino también reivindicar la necesaria calidad de la vivienda como objetivo de la arquitectura.

Una de las contrapartidas que puede aportar la crisis es que ya toda vivienda que se construya no se venda si no tiene una serie de cualidades. Las viviendas deberán estar bien situadas y soleadas, y tendrán que ser flexibles y desjerarquizadas, sanas y sostenibles. Ahora, el posible comprador va a poder elegir y podrá ser más exigente. Sin embargo, la herencia de hoy es un parque inmenso de viviendas nuevas vacías y de poca calidad.

Para actuar sobre esta situación sería imprescindible una nueva cultura de la vivienda que fomentase la rehabilitación; toda una nueva cultura del mantenimiento. Esto tendría dos ventajas cruciales: contribuiría a incorporar viviendas de mayor superficie que la media y evitaría más consumo de territorio. Para ello sería necesaria una nueva legislación que no potenciase que los edificios viejos cuya reconstrucción cueste más del 50 % de su valor puedan declararse en ruina y derribarse; una ley aún vigente de 1959, anacrónica y nefasta, idónea para expulsar inquilinos de pocos recursos y para esquilmar aún más el patrimonio arquitectónico residencial: en Cataluña solo el 10,6 % de las viviendas son anteriores a 1950 y, de las construidas en Cataluña entre 1950 y 1970, el 52 % de los pisos se construyeron con cemento aluminoso (casi 500.000) y el 13 % han tenido graves patologías (113.000). En Barcelona, las viviendas construidas antes de 1950 suman el 30 % y las posteriores a 1980 cubren solo el 5 %. Por tanto, el 65 % de las viviendas se construyeron entre 1950 y 1980.

En España es manifiesto que la mayor parte de las viviendas vacías se encuentran en los tejidos históricos de las grandes ciudades, como Madrid, Barcelona y Valencia, que tienen un 20 % aproximadamente de las viviendas en mal estado, y donde los procesos de especulación se basan en construir vivienda nueva en sus periferias con, por ejemplo, los nuevos PAU de Madrid y Valencia, con los que se deja degradar los centros históricos.

Respecto al segundo caso, el porcentaje de viviendas infrautilizadas aumenta paulatinamente por distintas razones. Se puede hablar de un 25 % de los casos, muy opacos, formados por el mercado negro —alquileres no declarados— y por estas viviendas infrautilizadas, sin ninguna persona empadronada, por ejemplo, para uso futuro de los hijos o para usos esporádicos. Al mismo tiempo, cada vez hay más segundas residencias de habitantes de otras ciudades que tienen el lujo de poseer un piso en Barcelona. De todos modos, se reconoce que el 50 % de los pisos en Barcelona en los que no hay nadie empadronado están en uso.154

El tercer y cuarto grupo tienden a confundirse ya que gran parte de los que compraron para invertir —en Barcelona se reconoce que en los años de la burbuja inmobiliaria un tercio de las compras de pisos nuevos eran para inversión— conservan estas viviendas a la espera de ser vendidas o alquiladas, una situación que nunca se sabe si es real o ficticia.

Todo ello situaría la cifra real de viviendas vacías utilizables en aproximadamente la mitad. De todas formas, si tan solo un 10 % de las aproximadamente 50.000 viviendas realmente vacías y utilizables en Barcelona entrase en el mercado del alquiler social, el cambio cualitativo sería radical: 5.000 viviendas disponibles cuando la Villa Olímpica suma unas 2.000; Diagonal Mar 1.600; el frente Marítimo del Poblenou 2.000 o toda la operación de la nueva Diagonal unas 7.000. O si tan solo el 5 % de las viviendas vacías en Cataluña entrasen en el mercado del alquiler social (20.000 viviendas), sería un gran paso. Para que esto sucediera, se debería producir una transformación trascendental, una acción pedagógica que concienciara a la ciudadanía y potenciara una nueva cultura de la vivienda: la rehabilitación. Así como una legislación que favoreciera, estimulara y ayudara a la vivienda de alquiler social, y unas ordenanzas fiscales, ya previstas en ciudades como Barcelona y Sevilla, que gravasen un 50 % el impuesto de bienes inmuebles a los propietarios de viviendas vacías.

Se trata de procesos complejos para mejorar desde lo público el acceso a la vivienda, pero que ya se aplican en ciudades como París o Bilbao. Con la cobertura de la Generalitat de Catalunya y la Ley del Derecho a la Vivienda en el período 2004-2010, se ha potenciado el alquiler social y joven, con experiencias pioneras basadas en ayudas a los inquilinos y en la creación de alquiler con seguro de cobro y de reparaciones para los propietarios, que desde el año 2006 se aplican en Barcelona, L’Hospitalet de Llobregat, Santa Coloma de Gramenet y otros municipios de la región metropolitana que han promovido en alquiler tasado una serie de viviendas, garantizando al propietario el cobro de las mensualidades y la conservación de la casa, y procurando al inquilino unos alquileres asequibles. Mediante la acción de las Bolsas de Mediación para alquiler social y joven, hasta 2010 se han incorporado 4.000 viviendas en Cataluña para alquiler con avales. Y otra posibilidad incipiente, inicialmente legislada pero poco aplicada, es la “masonería” o “aparcería” urbana.

La responsabilidad de la arquitectura

Ciertamente, todo está condicionado por las políticas de vivienda, pero la arquitectura no debería seguir siendo la misma, convencional y comercial, sino que debería atender a los cambios que se están produciendo en la sociedad española y catalana: cambios en la estructura familiar, inmigración, envejecimiento de la población, aumento de las minusvalías, incremento de las mar

dos Unidos unos 30 millones de personas han perdido su vivienda, o la pueden perder, a causa de la crisis de las hipotecas subprime, la mayoría de raza negra y de origen hispano. Y en nuestro país se ha ido desvelando un fenómeno terrible: quien no puede pagar por haberse quedado sin trabajo descubre que la hipoteca debida, sobretasada en el período de la burbuja inmobiliaria, sobrepasa ahora el precio real, que, por el procedimiento de ejecución hipotecaria, tras la subasta, ha caído al 50 % de su precio. El banco o caja que se queda la vivienda le reclama la diferencia entre lo que aún debe y el bajo valor actual, y extiende el embargo a avaladores y familiares, incluso en los países de origen, como Bolivia o Ecuador. Ni en los países de la Unión Europea ni en Estados Unidos, cuando la entidad financiera se queda la vivienda, reclama encima una cantidad.

Es por todo ello que hoy podemos hablar de neofeudalismo inmobiliario. En la Edad Media, los señores feudales se fueron apropiando de las tierras de los campesinos, a medida que había crisis de recolección, engrosando su ejército de siervos de la plebe. Hoy, el sistema financiero ha elaborado un paso más sofisticado aún para concentrar el poder y el dinero, y para producir exclusión, generando miles de siervos de los bancos.

El problema de las viviendas vacías

Dentro del problema de la vivienda, la existencia de viviendas vacías y de otras muy deterioradas tiene una gran relevancia. Y a partir de la crisis financiera, inmobiliaria y productiva del 2008, es evidente que las construcciones inacabadas, abandonadas y vacías han aumentado.

En el contexto actual de crisis de la vivienda, el fenómeno de la existencia de tantos pisos vacíos ha adquirido un carácter horripilante y mítico a la vez. Las cifras son impactantes: 2,8 millones de viviendas deshabitadas en España, 414.234 en Cataluña y 93.717 en Barcelona, según datos del Instituto Nacional de Estadística del 2001 sobre viviendas en las que no figura ninguna persona empadronada. En 2007, las viviendas vacías en España llegaban ya a los tres millones. En 2009 se calculaba que en Cataluña habría unos 200.000 pisos vacíos de obra nueva. Otros cálculos hablan de unas 75.000 viviendas vacías en Barcelona, y autores como Juli Esteban reconocieron en 1998 esta cifra pero consideraron que sólo 45.000 eran recuperables.153 Oficialmente, el Ayuntamiento de Barcelona solo reconoció 19.000 a finales del 2003. En nuestro país, el porcentaje de viviendas vacías ronda el 14 % del total, la tasa más alta de la Unión Europea (más otro 15 %, que son segundas residencias), cuando el porcentaje de viviendas vacías en Holanda es del 0,1 % o en Suecia del 1,2 %. En esta cifra no se cuentan las segundas residencias, unas 600.000 en Cataluña, que también son casos de viviendas infrautilizadas (en la Cerdaña se ha calculado que se emplean una media de 18 días al año).

Tenemos, por tanto, un diagnóstico: en un país con un grave problema de acceso a la vivienda y de exclusión social, hay una parte importante del patrimonio residencial que está infrautilizado, más o menos el mismo que necesitarían los sectores que no tienen acceso a la vivienda: tres millones de viviendas vacías para ocho millones de españoles a los que no les llegan las políticas sociales de la vivienda. Estos datos son inquietantes si tenemos en cuenta que, por ejemplo, en Barcelona, con tantas viviendas vacías, además de las miles de personas que viven hacinadas y del fenómeno de las llamadas “camas calientes”, en 2009 había, tal como se ha señalado, unos 2.000 “sin techo”.

Pero un fenómeno tan vergonzoso se convierte también en mítico: si todas estas viviendas vacías se reconvirtieran para uso de la sociedad, sería la panacea para solucionar el problema de la vivienda. En parte es cierto, pero la realidad es mucho más complicada. En el caso de Barcelona, hay muchísimas viviendas vacías o infrautilizadas, agrupables en cuatro casos distintos de porcentajes similares: aquellas que están desocupadas porque son viejas y están en mal estado; las que están infrautilizadas, ya que sus propietarios no viven en Barcelona o están reservadas para uso futuro de los hijos de la familia; las que se argumenta que están en oferta en el mercado a la espera de venderse o alquilarse; y las que son relativamente nuevas y realmente se han comprado y se retienen vacías para hacer negocio. Es decir, tan solo un 25 % es aceptado por sus propietarios que están realmente vacías y podrían ser incluidas en el mercado de alquiler o venta.

En relación con el primer caso, el porcentaje de viviendas en malas condiciones es alto, en concreto en los cascos antiguos de las ciudades y muy especialmente en Barcelona, en donde se calcula que el 50 % de las que están vacías es porque se encuentran en mal estado. Respecto a las viviendas en malas condiciones, según el estudio Envejecimiento y vivienda del 2005 del arquitecto Jordi Bosch, en Cataluña 120.000 personas mayores residen en viviendas con problemas de conservación y 8.500 ancianos viven en inmuebles cuya precariedad es tal que han sido declarados ruinosos o están en trámite de serlo..

viene determinado, más allá de los costes reales de producción, por dos varemos del mercado: por abajo, el precio máximo que una familia media puede llegar a pagar hipotecándose de 25 a 50 años, y, por arriba, el precio máximo que estuvieran dispuestos a pagar unos inversores que ni siquiera visitaban la vivienda que compraban.

Muchos países desarrollados han pasado por la experiencia de fuertes crisis relacionadas con los booms inmobiliarios: Holanda en 1982, cuando el precio real de la vivienda cayó un 48 % y Finlandia entre 1991 y 1992, un 47 %. El caso más espeluznante fue el de Japón, que, entre 1992 y 1996, sufrió una caída aproximadamente del 33 %, provocada por el blanqueo de dinero en el sector inmobiliario por parte de las redes de crimen organizado de los yazuka, las mafias japonesas dedicadas al tráfico de estupefacientes, la prostitución y la extorsión. En Japón se desencadenó un verdadero desastre financiero y social, con miles de personas que perdieron su vivienda (cuya hipoteca pasaba a estar por encima de su valor en el mercado), y se vieron abocadas a vivir solas en la calle, a pesar de que algunos mantuvieron sus puestos de trabajo. Es por ello por lo que en Japón, desde 2008, ha arrancado un proceso de lucha legal para romper los vínculos tan fuertes entre el sector de la construcción y los yakuza. Y a consecuencia de estas crisis, países como Holanda y Finlandia replantearon su política de vivienda, reforzando la creación de vivienda protegida. Hasta la redacción de este libro, la última gran caída ha sido la de Dubái, con una desvalorización de cerca del 50 % a finales del 2009.

Por tanto, se desvela que la caída del número de viviendas protegidas realizadas en España entre 1997 y 2004 no era nada inocente: para proteger los intereses inmobiliarios y mantener el alza de los precios, se procuró que la vivienda social, que de constituir el 50 % del total construido en la década de 1980 pasó solo al 10 % a finales de la de 1990, no compitiera en el mercado libre. Esta situación se trató de corregir con la nueva política desde el Ministerio de la Vivienda del Gobierno del PSOE (2004-2010), que en el año 2007 promulgó una nueva Ley del Suelo, que intentaba evitar el crecimiento expansionista y desarrollista, buscando un urbanismo acorde con el desarrollo sostenible; y desde las políticas autonómicas, como la de Cataluña, con su Ley para el Derecho a la Vivienda, elaborada por el Departamento de Medio Ambiente y Vivienda de la Generalitat de Catalunya, a pesar de que la coyuntura financiera no haya sido nada favorable para llevarla adelante.

Ciertamente, las diversas instituciones cercanas a la arquitectura han empezado a reaccionar después del 2004. Hasta entonces habían predominado las buenas intenciones en la manera de abordar el problema —con experiencias presentadas en distintas ediciones del Construmat en Barcelona, como Casa Barcelona, Barraca Barcelona o APTM, donde se abordaban interesantes temas proyectuales sin cuestionar el sistema legal y económico—, cuando no la dejadez. Solo a partir de 2005, tanto la Generalitat de Catalunya como el Ayuntamiento de Barcelona entendieron tarde la magnitud del problema: la proximidad con los afectados les hizo despertar de una aletargada dependencia de la nefasta política de vivienda estatal. Muestra de esta declaración de buenas intenciones fueron las recurrentes exposiciones de proyectos de vivienda de la Generalitat, que intentaban ser innovadores y flexibles, en el Colegio de Arquitectos de Barcelona y en la Escuela de Arquitectura de Barcelona hacia los años 2004 y 2005. El Ayuntamiento de Barcelona, por su parte, presentó en el 2004 un nuevo Pla de Sòl i Habitatge (“Plan del Suelo y de la Vivienda”).

A pesar de estos intentos e intenciones de la nueva legislación y de las nuevas promociones de vivienda social, se arrastran tres problemas graves: el retraso acumulado durante años en materia de legislación y promoción de vivienda pública; la imprevisión flagrante ante las consecuencias de la crisis inmobiliaria, imperdonable para los responsables políticos; y la de su inevitable y permanente lentitud en avanzar en estos procesos, con pesados pactos, tira y afloja, retrocesos y una enorme dificultad de condiciones, avances y puestas en práctica que, primero, tienen que pasar por la legislación y los cambios en la normativa. Y la irresponsabilidad de las entidades financieras y bancarias que no solo no han sabido hacer su trabajo, sino que exigen que se les ayude a salir del atolladero con dinero público. Nuevos problemas financieros, a partir de finales del 2008, han provocado que la mayor parte de las operaciones de vivienda pública y casi todas las de promoción privada se detengan. Y en 2010 se han empezado a poner en práctica las restricciones en las inversiones estatales.

A partir de 2009, con la crisis económica en España, la situación ha empeorado para los usuarios. Los desahucios por no poder pagar la hipoteca se han convertido en uno de los problemas sociales más importantes de Cataluña, con 44.000 familias a punto de perder su casa a finales de 2010; en España existen unas 230.000 ejecuciones hipotecarias. No olvidemos que en Esta

Neofeudalismo inmobiliario: el problema de la vivienda y las casas vacías

En 1872, Frederich Engels escribió una serie de tres artículos bajo el título de El problema de la vivienda que, recopilados, se convirtieron en un libro fundacional y clásico.149 Con este texto, Engels estaba delimitando y conceptualizando un problema que ya era estructural y endémico de la economía capitalista. Según Engels, ni la filantropía, ni el higienismo, ni el socialismo utópico iban a resolver el problema de la vivienda. Este solo se solucionaría con la revolución social, ya que el problema de la vivienda es estructural al sistema económico del capitalismo, que se basa en la propiedad privada del suelo y en la explotación de la fuerza de trabajo. En el contexto del capitalismo, el valor de cambio de la vivienda es un elemento clave de dominio, explotación y esclavización, ya tenga el obrero que buscar la residencia por su cuenta, ya sea el empresario o industrial el que se la facilite cerca de la fábrica o el lugar de trabajo. Y ello no iba a cambiar con las propuestas del paternalismo empresarial o del socialismo utópico. El mismo Engels había dejado clara la diferencia en su texto esencial, Del socialismo utópico al socialismo científico.150 Por tanto, la explotación del trabajo va estrechamente ligada a la propiedad del suelo y al control del mercado de la vivienda.

En la actualidad, tal como ha señalado la urbanista brasileña Raquel Rolnik, las dos grandes características de la ciudad en esta época neoliberal han estado, por una parte, la proliferación de la arquitectura de las grandes firmas dedicada a la global class —los rascacielos y otros objetos proyectados por las estrellas de la arquitectura y sus secuaces—, y, por otra, la insistencia en convencer a la sociedad de la falsedad de que con la casa en propiedad y el crédito hipotecario individual se iba a resolver el problema de la vivienda y de la ciudad.151

A principios del siglo XXI, dicho problema sigue siendo acuciante en las grandes ciudades de los países desarrollados y lo es, paradójicamente, en la España contemporánea, caracterizada por el capitalismo inmobiliario y por la política neoliberal aplicada desde 1997 hasta el 2004. Basándose en la falsedad de que la vivienda era cara por la falta de suelo, en 2000 se decretó que todo el suelo era urbanizable, una liberalización que generó una transformación insostenible. Se demostró que no es la cantidad sino la calidad —dotaciones, centralidad, servicios— lo que da precio al suelo, mientras que el precio de la vivienda lo fija el mercado en función del máximo endeudamiento posible de las familias. Mientras que en la mayor parte de Europa —Francia, Austria, Finlandia, Suecia, Alemania, etc.—, a pesar del encarecimiento del precio de la vivienda, se ha intentado garantizar el derecho a una vivienda digna, con el control de los precios y la promoción de vivienda protegida adecuada al Estado de bienestar, en nuestro país, las dos legislaturas gobernadas por la política de derechas consiguieron hacer reaparecer el problema de la vivienda bajo la fórmula de la “burbuja inmobiliaria”, que empezó a deshincharse en el 2007. Este grave factor de riesgo, por el dominio del sector inmobiliario en el Estado español y por los efectos de exclusión, fue especialmente destacado en los informes que el relator de las Naciones Unidas para el derecho a la vivienda, Miloon Kothari, elaboró en 2006 y 2007.152

El problema no es que la mayoría de las personas no tengan vivienda en España —el 82 % de las viviendas, se dice, están habitadas por propietarios—, sino que la mayoría de las familias están hipotecadas de por vida y que los riesgos de exclusión aumentan. Solo los créditos para vivienda representaban el 62 % de la renta disponible en 2003 y la ratio de deuda crediticia total sobre la renta alcanzaba el 91 %. Ni se trata de que no se construyan viviendas, ya que nunca se habían construido tantas —700.000 en 2004—, sino de que un alto porcentaje están vacías, ya que son objeto de inversión o de abandono.

Debido al bajo rendimiento financiero de las bolsas a nivel mundial, la vivienda se convirtió en un festín especulativo para las inversiones tanto privadas, como de empresas y bancos. Al mismo tiempo, cada vez más población quedaba excluida, sin tener acceso a un derecho convertido en puro negocio. Las plusvalías del boom inmobiliario, que se reforzó desde 1997 hasta su estallido en 2007, han llevado a la inflación de precios de la vivienda más exagerada e irresponsable de la historia, que ha comportado un mayor empobrecimiento y debilidad de la economía de la mayoría de los ciudadanos españoles. Se puede calcular que casi el 30 % de los españoles, unos ocho millones, quedan fuera de la promoción privada y pública de vivienda, en los que se incluye el 20 % que está por debajo del umbral de la pobreza. Se trata de sectores marginados incluso de las políticas públicas, que no pueden acceder a viviendas sociales o de precios tasados.

La existencia de la burbuja inmobiliaria en el precio sobrevalorado de la vivienda era evidente. Según datos del año 2004, el Banco de España situaba esta sobrevaloración casi en un 20 % y The Economist en un 52 %. La crisis, por tanto, no ha obedecido a la escasez o al encarecimiento del precio del suelo, sino a un proceso de encarecimiento durante las últimas dos décadas, que

Consideraba que para construir una nueva comunidad no era suficiente la revolución económica y el poder social, sino que hacía falta una revolución moral, una transformación de los hábitos a la que tenían que contribuir el diseño y la arquitectura, para favorecer que los seres humanos sean más libres y felices.32

William Morris (1834-1896), quien propuso revitalizar el trabajo artesanal frente a la alienación que comportaba la producción industrial. La visión tan amplia y humanista de Morris, basada en la cooperación humana, abarcaba desde el detalle decorativo hasta el paisaje. Es en este sentido que en su texto “Prospects of Architecture in Civilization”, Morris definió la arquitectura de la siguiente manera: “Mi concepto de arquitectura está en la unión y en la colaboración entre las artes, de modo que cualquier cosa esté subordinada a las otras y en armonía con ellas, y cuando utilizo tal palabra, este será su significado y no otro más restringido. Es una concepción amplia porque abarca todo el ambiente de la vida humana; no podemos sustraernos a la arquitectura, ya que formamos parte de la civilización, pues representa el conjunto de las modificaciones y alteraciones introducidas en la superficie terrestre con objeto de satisfacer las necesidades humanas, exceptuando solo el puro desierto”.31

en el campo de la vivienda unifamiliar, en contextos sociales distintos y para clases medias y altas, autores como Frank Lloyd Wright, Gerrit Th. Rietveld, Ludwig Mies van der Rohe, Louis I. Kahn, Max Cetto, Luis Barragán, José Antonio Coderch, Jean Prouvé, Eileen Gray, Charlotte Perriand, Alvar Aalto Charles y Ray Eames, Mary y Russel Wright o Alison y Peter Smithson realizaron experimentos, prototipos y propuestas con la voluntad de revolucionar el funcionamiento del espacio doméstico, creando espacios flexibles y unitarios relacionados con el entorno natural o el contexto urbano que rompían los condicionantes rígidos de la caja tradicional

La esfera de lo público se refiere a lo común, a aquello que se expresa y se publicita en un amplio mundo compartido.

la posmodernidad ha tenido una vertiente estética, la más visible y denostada, pero también una ética, que es la que ha comportado, a partir de los cambios de paradigma de las nuevas sociedades, una crítica humanista a la modernidad;