Fernando Escalante Gonzalbo

la masacre de Iguala es ya un hito en la vida pública mexicana del nuevo siglo, un término de referencia con una enorme carga moral

Los hechos de Iguala fueron elaborados en los medios de comunicación, en el espacio público. Y allí adquirieron sentido. Queremos entender cómo sucedió eso. Toda i

así, la neutralidad del lenguaje periodístico, el distanciamiento escéptico, se convierte en recurso de denuncia.

Inscrito en la lógica de la corrupción, del abuso de poder, su asesinato adquirió un valor simbólico como prueba material, concreta, de la maldad del presidente.

No es lo mismo que un episodio se sitúe en el contexto del crimen organizado o que se sitúe en el contexto de la represión política. Y no hay nada automático en esa alternativa

El Leviatán se ha roto en mil pedazos y no tenemos las herramientas ni para hacer la autopsia.

En un libro reciente, ¿Y ahora qué?, Héctor Aguilar Camín reúne 33 textos de académicos e intelectuales con diagnósticos de lo que se sigue llamando los grandes problemas nacionales. En cada uno se presentan tres propuestas de solución, es decir, que en total hay 99 –y unas cuantas más que no se subrayan. Es interesante leerlas.

Con todo esto, me interesa llegar a una afirmación muy simple: la moral pública es una creación histórica. El espacio público puede tener, y ha tenido, estructuras muy diversas, y se ha apoyado en configuraciones de valores igualmente dispares.

El orden es la trama misma de la política. El orden es la raíz del desventurado vicio de la obediencia y, más importante todavía, de las formas de la obediencia. Y hablar de orden es hablar de normas, de valores. La estructura de la moral pública se expresa como orden político.

En el procedimiento metódico están implícitas algunas hipótesis iniciales bastante simples, Sobre todo me interesa anotar dos.
Primero, supongo que las formas de moralidad pública en México no seguían un modelo homogéneo, y que ninguno de los tipos coincidía con los imperativos de la moral cívica. Segundo, y es una consecuencia de lo anterior, bajo el orden formal que definía el aparato jurídico, la vida política se organizaba por medio de relaciones y prácticas regulares con todas las características de un orden efectivo, aunque informal.
Apoyado en eso, sugiero una tesis general que informa la orientación de mi análisis: el proyecto explícito de toda la clase política decimonónica de crear ciudadanos, de dar legitimidad y eficacia a un Estado de derecho, democrático y liberal, estaba en abierta contradicción con la necesidad de mantener el control político del territorio. Sin el apoyo de la moral cívica, el Estado que imaginaban era una quimera; sin el uso de los mecanismos informales —clientelistas, patrimoniales, corruptos— el control político era imposible.
Donde no había ciudadanos, actuar como si los hubiera suponía un riesgo inaceptable para la clase política.