El conflicto armado en Colombia ha determinado el desarrollo social, económico y político a lo largo de la historia, donde el desconocimiento a las víctimas originadas por el conflicto ha sido una constante, enfatizando así la desigualdad y la vulnerabilidad de los ciudadanos. Esta violencia prolongada ha llevado al país a implementar mecanismos de justicia transicional, la Justicia Especial para la Paz -JEP, en la que es un reto buscar el reconocimiento e inclusión como víctimas del conflicto armado a los miembros de la Fuerza Pública la cual está integrada exclusivamente por las Fuerzas Militares (Ejército Nacional de Colombia, Infantería de Marina y Fuerza Aérea colombiana) y la Policía Nacional, a quienes se les debe garantizar la Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, esto aplicado en los casos donde se evidencia la responsabilidad del Estado por fallas del servicio y omisión en su acción.
